Visibilizar la violencia de género digital ayuda a prevenirla y abordarla

El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, presenta una nueva serie de Policy Briefs con la que pretende visibilizar retos sociales derivados del uso de la tecnología digital, generalmente ajenos a la mayoría de la población, y hacer recomendaciones y propuestas para atajarlos.

En Violencia digital de género: una realidad invisible se analiza esta problemática silenciosa que afecta a las mujeres y su día a día. Se describen las consecuencias que tiene en su vida emocional, social, laboral y económica y se identifican soluciones. Algunas más sencillas como preguntar directamente a las mujeres que la sufren y otras más complejas como cuantificar los hechos denunciados ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Un fenómeno difícil de delimitar y definir

Las mujeres sufren en el plano digital continuas agresiones y delitos contra su honor e intimidad, muchas veces por parte de atacantes anónimos, lo que dificulta su solución. Según recoge en 2019 la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 18,4% de las mujeres declara haber sufrido acoso sexual online. Un 15,2% experimentó acoso reiterado por parte de la misma persona, y de ellas, una de cada cuatro, tuvo que soportar comentarios o propuestas inapropiadas en Internet. La incidencia es mayor cuanto más jóvenes son, pero hay casos en todas las edades.

Una de las complejidades del fenómeno es su delimitación. Según el Consejo de Europa entran dentro de él las amenazas, el ciberacoso, los crímenes de odio, las violaciones de la privacidad y la explotación sexual online. El Instituto Europeo de Igualdad de Género añade el ciberhostigamiento y la pornografía no consentida. Sin embargo, y aquí está otro de los problemas que se visibilizan, no está considerada de forma expresa como una forma de violencia en el ordenamiento jurídico ni se han definido tipos penales para considerar delito todas sus facetas.

Mujeres que tienen que renunciar a su vida social en redes

Las posibilidades que brinda el anonimato y el desarrollo de la tecnología digital, como los softwares espía o las técnicas deepfake (algoritmos que manipulan la realidad) son utilizados en algunos de los ataques. Pero también se produce violencia digital de género digital con menos complejidad técnica. Como, por ejemplo, los delitos de grooming (contacto a una menor de 16 años con fines sexuales), que en 2020 fueron 328 casos.

En este Policy Brief se señala también la vulnerabilidad de las profesionales que tienen exposición en redes sociales e Internet. Por ejemplo, mujeres en puestos públicos o de responsabilidad (como políticas o periodistas). Muchas se ven obligadas a cerrar sus perfiles en redes sociales; acaban renunciando a su identidad online, incluso cuando la necesitan para ejercer su trabajo. Esta renuncia, además de tener repercusiones sociales, puede afectar a su vida profesional, incluso tener un coste. El Parlamento Europeo lo ha estimado en hasta 89.300 millones de euros para el conjunto de la UE.

Ataques de pánico, ansiedad, estrés y baja autoestima

Este Policy Brief también aborda las consecuencias psicológicas de la violencia digital de género. Una encuesta de Amnistía Internacional rescata que el 54% de las mujeres que sufre acoso en redes tiene ataques de pánico, ansiedad o estrés; el 57% genera aprensión por los canales online y un 41% siente amenazada su seguridad física. En otro estudio de la ONG Plan Internacional con niñas y jóvenes se recogía que a un 24% le afectó a su autoestima, el 19% comenzó a tener problemas con sus amistades y su familia y el 18% los tuvo en su colegio o instituto.

Aunque de momento no existe un marco legal uniforme para combatir el problema, como ha declarado el Parlamento Europeo recientemente, en España se modificó la Ley 11/2007, del 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género para incluir la digital. En línea con esta normativa, se recomienda ampliar las bases legislativas y participativas para ayudar a la prevención, afrontamiento e intervención del problema. Por ejemplo, creando líneas específicas de ayuda, observatorios que midan el fenómeno y mecanismos estables de comunicación con los proveedores de las plataformas donde las mujeres sufren violencia digital de género.