A la Comisión, Consejo y Parlamento Europeos:
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Para interactuar con las administraciones públicas, los bancos, los proveedores de energía, para buscar trabajo o vivienda, comprar un billete de tren, las tecnologías digitales se han vuelto ineludibles.
Mientras, más del 40% de la población europea no dispone de las habilidades digitales básicas, lo que les impide acceder a algunos de estos servicios esenciales.
Es urgente garantizar el acceso a todos los servicios esenciales a través de canales de comunicación no digitales, como la ventanilla, el teléfono o el correo postal.
La transformación digital de la sociedad se está acelerando. Ahora afecta a la mayoría de los aspectos de la vida diaria. Para interactuar con las administraciones, un banco, un proveedor de energía, buscar trabajo o alojamiento, comprar un billete de tren, etc., la tecnología digital se ha vuelto imprescindible. Este paso a lo digital suele ir de la mano de la reducción, o incluso la eliminación, de los canales de interacción tradicionales como los mostradores, los teléfonos o el correo postal.
Mientras que más del 40 % de la población europea no domina las capacidades digitales básicas. Entre los grupos que tienen más dificultades con la tecnología digital, podemos citar a las personas mayores, a las personas con bajas cualificaciones, a los desempleados, pero también a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las personas con una situación migratoria precaria. En muchos casos, sus dificultades con la tecnología digital se suman a las dificultades sociales, provocando un efecto de “doble incriminación” en personas que ya son vulnerables. A veces, su imposibilidad de acceder a determinados servicios esenciales debido a la reducción de los canales offline conduce a una espiral de exclusión: no recurso a los derechos sociales, exclusión bancaria, pérdida de autonomía, corte del suministro energético, etc.
Una estrategia europea contradictoria
Estos hallazgos revelan una situación paradójica entre la experiencia del 40% de los ciudadanos europeos que están lejos de ciertos usos de la tecnología digital y una política europea que persigue, casi a ciegas, el desarrollo de la tecnología digital.
Sin embargo, desde 2011, la Comisión Europea está obligada a garantizar el respeto de determinados valores compartidos, como la accesibilidad, la igualdad de trato o el acceso universal, en lo que respecta a la ejecución o prestación de servicios de interés general.
Sin embargo , en 2017, el Pilar Europeo de Derechos Sociales consagró el derecho a los servicios esenciales en estos términos: “ Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de calidad, incluidos el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales. Las personas necesitadas deben recibir apoyo para acceder a estos servicios ”.
Esta base, que encarna valores compartidos por los diferentes Estados miembros, hoy se sacrifica en el altar de la digitalización. La estrategia de la Década Digital de la UE establece el objetivo de que el 100 % de los servicios públicos, incluidos los servicios de salud, estén en línea para 2030. Otros servicios esenciales (bancos, energía, transporte público, etc.) también continúan el camino de la digitalización. Si mantiene este rumbo, la UE corre el riesgo de privar al 40 % de sus ciudadanos de derechos y servicios fundamentales.
Formación y automatización de derechos, soluciones problemáticas
Ciertamente, la Unión Europea y sus Estados miembros reconocen la urgencia de formar a la población en tecnología digital y de poner en marcha sistemas de apoyo digitales para ayudar a las personas en dificultades. Los programas de inclusión digital son necesarios, pero son sólo una respuesta parcial. Aprender la tecnología digital, en particular los usos administrativos de la tecnología digital, lleva tiempo. Para el 20 % de los europeos que no dominan o no dominan bien la lectura y la escritura, el camino probablemente será muy largo. Y para algunas personas con discapacidad, ciertos usos de la tecnología digital simplemente están fuera de su alcance.
La automatización de los derechos, posible gracias a las tecnologías de procesamiento de datos a gran escala, se presenta como una solución a la complejidad y las dificultades administrativas. Permitiría a los ciudadanos tener acceso directo a los derechos y servicios a los que tienen derecho, sin ningún procedimiento específico. Aunque atractivas, estas tecnologías plantean dudas, ya que conllevan el riesgo de reforzar, o incluso automatizar, la discriminación bajo la apariencia de objetividad. Como ejemplos recientes, citemos el caso de los Países Bajos o Francia, donde miles de familias son sospechosas, o incluso acusadas injustamente, de fraude social mediante algoritmos de control que refuerzan estereotipos racistas, clasistas o sexistas ya presentes en la sociedad. y privar, en ciertos casos, a los hogares de ingresos esenciales para su supervivencia.
Una moratoria para restablecer la accesibilidad a los servicios esenciales, debatir y legislar
Somos conscientes de que vamos en contra de una tendencia que hoy se considera inevitable, pero nos parece urgente actuar. En este espíritu, pedimos la adopción de una moratoria que congelaría el progreso de la digitalización de los servicios esenciales a nivel europeo. Pedimos la adopción de una moratoria para restablecer la accesibilidad a todos los servicios esenciales y garantizar el mantenimiento de canales no digitales de interacción entre los ciudadanos y estos servicios. Estos canales no digitales deben ser de calidad, suficientemente disponibles y no implicar costes adicionales para los usuarios.
En 2023, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que representa la voz de 700 millones de europeos, adoptó una resolución sobre la brecha digital recomendando que los estados miembros “ pasen de una lógica de servicios públicos totalmente desmaterializados a una lógica de servicios públicos totalmente accesibles, incluidos mantener el acceso no digital a los servicios públicos en cada caso en que sea necesario para garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos, su continuidad y su adaptación a los usuarios. » Hoy en día, es necesaria una moratoria para que los estados implementen la recomendación del Consejo de Europa.
También es necesaria una moratoria para organizar un debate democrático sobre el lugar que queremos darle a la tecnología digital en nuestras vidas y en nuestras sociedades. A partir de los resultados de este debate, será posible planificar y diseñar colectivamente una transformación digital sostenible y adaptada a los deseos y necesidades reales de la población. Finalmente, una moratoria es esencial para desarrollar y promulgar leyes que protejan el interés general y enmarquen el proyecto político que hemos elegido.
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